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Graves denuncias de comunidades indigenas

publico lo que me llego al correo electronico
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Comunidades Indígenas del Pueblo Diaguita Cacano y comunidades campesinas, del departamento Atamisqui, que conforman la Unión Solidaria de Comunidades (USC) integrante del Frente Nacional Campesino (FNC), denunciamos los gravísimos hechos que amenazan tanto nuestra seguridad como nuestros derechos más elementales, a partir de la presencia de empresarios vinculados a la firma Genética del Este S.A. en la región:
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Denunciamos el accionar del personal policial de la seccional 20 de Villa Atamisqui, particularmente en las personas del subjefe, of. Leiva, del of. Enriquez y, del cabo Juan Carlos Torres, este último del destacamento policial de Hoyón; los cuales, han generado graves situaciones de inseguridad jurídica y física contra integrantes de comunidades indígenas y campesinas en diferentes actuaciones, poniendo las mismas al servicio de los intereses de estos empresarios y personal de los mismos (Elizabeth Mireya Freidenberg, Juaire, Sebastián Peuser, etc.).
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La detención sufrida por Santos Acosta y Hubaldo Rojas, de la comunidad de Toro Uman, el pasado jueves 20 a cargo de una patrulla policial integrada por seis miembros (entre los que se hallaba el citado Juan Carlos Torres) encabezada por el of. Enriquez, enviada por el of. Leiva, sin ningún respeto por derechos consagrados legalmente; ingresaron a un domicilio particular sin orden de allanamiento, abordaron a Rojas y Acosta, y cuando estos preguntaron porqué estaban siendo detenidos, son agredidos físicamente, esposados y arrastrados hasta el móvil policial. En el mismo procedimiento requisaron el vehículo particular de Acosta sin orden judicial y sin nombrar testigos, luego son trasladados a la seccional de Villa Atamisqui recibiendo en el trayecto amenazas, donde permanecen hasta el lunes 24. En el período de detención son torturados psíquica y físicamente por el subjefe de la seccional, Leiva, quién golpeaba a uno de ellos gritándole “¡Así que vos sos indio!” acusando a ambos de haber cortado el alambrado de  la empresa. La misma empresa para la cual están al servicio el Cabo Torres y a varios integrantes de su familia, desempeñando diversas tareas, incluyendo las de seguridad.
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También personal de esta seccional, y en el marco del mismo conflicto que la empresa mantiene con las comunidades, sometió a tratos discriminatorios y ofensivos a Reina Coronel, de la comunidad indígena de Codo, en oportunidad de haber ido a denunciar que había sido agredida físicamente a latigazos y patadas por personas allegadas a los intereses de estos empresarios. En lugar de ser tomada la denuncia fue encerrada y amenazada en la seccional junto a uno de sus agresores. Este hecho a motivado la presentación de un Habeas Corpus en el Superior Tribunal de Justicia.
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En la misma seccional se produce la privación ilegítima de la libertad también de Enrique Sequeira y su padre, Nemesio Sequiera, pertenecientes a la comunidad indígena de Puncu Atun (Puerta Grande), por negarse a autoincriminarse o denunciar a terceros en una de las causas penales que la empresa sigue contra las comunidades. Por este hecho tomó intervención el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
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Este personal policial, en forma sistemática, desde el incio del conflicto abierto por Genética del Este S.A., hostiga a niñas y niños de las comunidades fotografiándolos, pidiéndoles datos personales o de sus padres; acosa a ancianos, etc.; generando un clima de miedo, inseguridad y hostilidad.
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Denunciamos a quien dice llamarse Sebastián Peuser, quien actúa como encargado de la empresa, quien a su vez se presenta a si mismo como secretario privado de la Senadora Nacional Ana de Capellini. Esta persona se presenta en la Escuela de Codo, ubicada en la comunidad indígena de Codo, para denunciar (ante la presencia de niños) que menores encapuchados cortan los alambres. Declara que después del 30 de noviembre, fecha electoral, van a “declarar la guerra” a campesinos e indígenas. Agravia, calumnia y amenaza tanto a miembros de las comunidades como a técnicos que realizan tareas de apoyo a éstas. Hizo envenenar pasturas y sembrados con la intención de que los pobladores retiren sus animales de las posesiones que legítimamente reclaman, teniendo este último hecho como consecuencia la contaminación del canal de Hoyón que abastece de agua para consumo humano y animal a las comunidades de Toro Uman, Hoyón, Puesto de Díaz, San Dionicio, El Peral, entre varias otras.
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Reclamamos el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, de la Ley Nacional 24.071 ratificatoria del Convenio 169 de la OIT, de la Ley Nacional Nº 26.160 sobre emergencia en materia de tierra de comunidades indígenas, y de la Ley Nacional Nº 26.331 sobre bosques nativos.
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El Alto, único cordón boscoso del departamento Atamisqui, hábitat de comunidades indígenas y campesinas, debe ser preservado puesto que su alteración o transformación pondría en alto riesgo, en forma directa, la pervivencia de estas comunidades, su identidad cultural, su permanencia en el lugar, un ecosistema frágil ubicado en el semiárido salino actualmente afectado por procesos de desertificación. El Alto debe ser ubicado como bosque nativo en la categoría I, rojo, para preservar los derechos de las comunidades, y no amarillo, como se pretende, para preservar los intereses económicos de empresas inversoras como Genética del Este, Freidenberg, Sbiglio, y otros, al precio de privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones de ciudadanos seguidas de tortura, agresiones físicas y morales a niños, mujeres y ancianos, amenazas, agravios, discriminación, destrucción de posesiones ancestrales, privación del derecho al agua y destrucción del medio ambiente.
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El Alto es patrimonio de las comunidades indígenas y campesinas por derechos, por historia, por cultura, y el Estado debe ser garante de estos derechos y no volver a recurrir a prácticas propias de un doloroso pasado de cárceles, torturas y persecución.
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Santiago del Estero, 26 de Noviembre de 2008

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